Desde hace más de 25 años, quienes vivimos en Córdoba hemos visto cómo la seguridad se desmorona. A diario, somos testigos de un escenario de creciente delincuencia y narcotráfico, donde la sensación de inseguridad nos obliga a encerrarnos cada vez más en nuestras casas. Sin embargo, lo más preocupante no es la situación en sí misma —que ya es alarmante—, sino la absoluta falta de planificación estratégica para revertirla. ¿Y quién es el responsable de este fracaso? El gobernador Martín Llaryora. Y lo digo sin rodeos: es su responsabilidad constitucional, no hay lugar para escapatorias.

El artículo 144, inciso 16 de la Constitución Provincial le otorga al gobernador la facultad y la obligación de diseñar las políticas públicas en materia de seguridad, prevención del delito y sistema penitenciario. Pero lo que vemos en las calles es una muestra contundente de que no se ha hecho lo suficiente, ni mucho menos. La inseguridad crece y las víctimas de la delincuencia se multiplican. La gente está cansada, agotada de escuchar discursos vacíos que no se traducen en acciones concretas. La realidad nos golpea: la política de seguridad en Córdoba ha fracasado y el principal responsable es el Sr. Gobernador.

Y claro, el Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, tampoco está exento de culpas. Su gestión ha sido deficiente desde el primer día, y eso no es una opinión, es un hecho palpable. La incapacidad exhibida por Quinteros durante su mandato ha llevado a que se solicite su juicio político, una medida que debería ser el primer paso para una revisión seria de toda la estrategia (o la falta de ella) en materia de seguridad. Y, sin embargo, aquí estamos, escuchando cómo ahora, ante el colapso de su propio plan, nos piden a los cordobeses que propongamos soluciones. ¡Como si ellos no tuvieran la responsabilidad directa de haber pensado y ejecutado un plan desde el primer día!

¿Cuál es el plan, Sr. Gobernador? Porque si lo tienen, no se nota. No alcanza con poner un patrullero nuevo en las calles para tapar el sol con un dedo. La delincuencia en Córdoba ha crecido de manera aberrante y, para combatirla, necesitamos más que gestos superficiales. Se necesita una planificación estratégica integral, algo que evidentemente ha brillado por su ausencia. Hace falta actualizar y dotar de excelencia a las escuelas de policía, profesionalizar las fuerzas de seguridad, crear un verdadero mapa del delito que permita focalizar recursos donde más se necesiten, y fortalecer los Tribunales de Conducta, que parecen ser un adorno más que una herramienta de control. ¿Estas son propuestas? Sí, y deberían ser las que ustedes, desde el Gobierno, tendrían que haber implementado desde el día uno.

Y no es solo el crimen en las calles lo que preocupa, la política carcelaria también está en un estado de total abandono. ¿Qué han hecho con los centros penitenciarios? Las cárceles se han convertido en focos de corrupción y violencia, en lugar de lugares de reinserción y control. Es imposible hablar de seguridad sin abordar el caos que reina en las instituciones penitenciarias. ¿O acaso van a seguir mirando para otro lado mientras los presos controlan las cárceles y el narcotráfico se sigue moviendo con total impunidad?

La seguridad debería ser una razón de Estado, no un simple tema más en la agenda gubernamental. Y lo más indignante es que no parece que haya voluntad de cambiar. Cada vez que algo sale mal, cada vez que una nueva ola de delitos sacude a Córdoba, las autoridades provinciales se esconden detrás de discursos evasivos. Llaryora y su equipo deberían tener claro que la responsabilidad no se puede delegar, no se puede esquivar, y menos cuando los ciudadanos sufrimos en carne propia las consecuencias de su negligencia.

Es tiempo de que el Gobierno de Córdoba deje de mendigar propuestas y tome cartas en el asunto de una vez por todas. No es tan complicado: si no saben cómo hacerlo, miren a su alrededor, escuchen a quienes de verdad entienden lo que está pasando en las calles. No queremos más discursos, queremos soluciones.

Porque cada día que pasa, Córdoba se convierte en un territorio más inseguro, y los cordobeses estamos hartos de vivir con miedo. Gobernador Llaryora, hágase cargo.