En la madrugada del jueves, la Legislatura de Córdoba vivió una de sus sesiones más tensas y polémicas del año. Con el doble voto del presidente provisorio Facundo Torres, el oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) logró aprobar las modificaciones a la ley 10.793, que regula las apuestas en línea, en un contexto de fuerte resistencia de la oposición. El proyecto oficialista no solo fue aprobado por un estrecho margen, sino que, en la misma sesión, se rechazó la derogación de la ley impulsada por el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) y otros sectores opositores.

El voto decisivo de Torres y la ausencia de Prunotto

La sesión, que arrancó pasadas las 19 horas del miércoles tras varias horas de retraso debido a la falta de quórum, estuvo marcada por la tensión y la incertidumbre. El oficialismo sufrió bajas en su bloque por problemas de salud, lo que obligó a improvisar con suplencias y asistencia médica dentro del recinto para mantener la votación. Sin la presencia de la vicegobernadora Myrian Prunotto, Facundo Torres debió desempatar en dos ocasiones, inclinando la balanza a favor del oficialismo. A las 4:59 de la mañana, con una votación empatada en 35 a 35, Torres definió la aprobación de la reforma a la ley de juego online y, poco después, rechazó la derogación que buscaba la oposición.

Un oficialismo que parchea y una oposición que se aguanta.

La modificación de la ley, defendida por la legisladora oficialista María Acevedo, introdujo cambios como la incorporación de un Registro de Datos Biométricos para evitar el acceso de menores al juego, y otorgó más herramientas a Lotería de Córdoba para regular la publicidad y realizar campañas de prevención de la ludopatía. Acevedo, en un discurso que buscaba apaciguar las críticas, aseguró que el Estado no puede dejar un vacío en la regulación del juego, ya que esto abriría las puertas al juego ilegal. Sin embargo, la oposición no tardó en criticar duramente el proyecto.

Alejandra Ferrero, de la UCR, fue una de las voces más críticas al señalar que el oficialismo estaba “parcheando” una ley que calificó como “catastrófica”. Acusó a algunos de sus propios correligionarios de haber facilitado la aprobación original de la ley en 2021, y defendió la derogación como única solución para frenar los efectos negativos del juego online, especialmente la ludopatía en menores. Para Ferrero, el argumento de que la derogación abriría las puertas al juego ilegal era una falacia destinada a proteger los intereses de las licenciatarias.

Walter Nostrala, del Frente Cívico, también lanzó duras críticas, calificando la reforma como una “bomba de humo” para disimular lo que, a su juicio, es un negocio millonario para cuatro empresas que controlan el juego en línea en la provincia. Nostrala advirtió que, aunque la oposición haya perdido esta batalla, seguirán insistiendo en la derogación de la ley, destacando que en este tema no se puede ser “tibio”.

¿Regular o eliminar el juego online?

El debate sobre la ley de juego online en Córdoba no solo pone de manifiesto las profundas divisiones entre oficialismo y oposición, sino que también plantea una cuestión ética y social: ¿es la regulación del juego online una solución efectiva o simplemente una forma de legitimar una ¿Actividad que, para muchos, debería ser erradicada? La postura del oficialismo, encabezada por Acevedo y reforzada por la peronista Nadia Fernández, se basa en la premisa de que el Estado debe regular y controlar el juego para evitar hombres mayores como el juego clandestino. “Derogar la ley no va a detener la ludopatía”, insistió Fernández, en un intento por desacreditar las propuestas de la oposición.

Sin embargo, la crítica más contundente a esta postura es que la regulación parece ser, en el mejor de los casos, insuficiente y, en el peor, una coartada para permitir que unas pocas empresas continúen lucrando a la costa de los sectores más vulnerables. Los opositores no solo cuestionan la eficacia de las medidas propuestas, sino también la legitimidad de un Estado que, a pesar de sus declaraciones, se percibe cada vez más como socio de un negocio que genera adicción y destrucción social.

Conclusión: una ley aprobada, pero un debate que está lejos de cerrarse

La aprobación de las modificaciones a la ley de juego online en Córdoba puede haber sido un triunfo temporal para el oficialismo, pero está lejos de resolver las tensiones que atraviesan tanto a la Legislatura como a la sociedad cordobesa. Con un contexto de profundas divisiones políticas y un creciente malestar social frente al impacto del juego online, es probable que este sea solo el comienzo de una batalla más amplia sobre el papel del Estado en la regulación de actividades que afecta directamente a la salud pública y al tejido social de la provincia. El tiempo dirá si la regulación es suficiente para contener los efectos nocivos del juego o si, como advierte la oposición, el único camino posible es su erradicación.