El sistema penitenciario y policial de Córdoba se encuentra una vez más bajo la lupa, y la situación parece agravarse con cada paso de la investigación en curso. Este miércoles, en un contexto ya tenso por la reciente detención del sujeto de la Policía, Alejandro Mercado, se conocieron nuevos arrestos que involucran a altos mandos del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC). Entre los detenidos figuran dos funcionarios que aún se encontraban en actividad, lo que demuestra que las irregularidades no son cosa del pasado, sino una mancha profunda y vigente en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en la provincia.

El fiscal Enrique Gavier, encargado de la investigación, ordenó las detenciones de Cristian Namur, José Gustavo Heredia, Ramón Sayavedra y Marcelo Chávez. El caso de Namur es especialmente llamativo: hasta el momento de su detención, ejercía como director de Seguridad del SPC, un puesto clave dentro del organismo. Lo más irónico de su arresto es que fue designado en enero por la jefa del Servicio Penitenciario, Verónica Funes, quien había asumido luego de la detención de Juan María Bouvier, el hombre que durante décadas manejó los hilos de la cárcel de Bouwer, un símbolo del poder y la corrupción en el sistema carcelario cordobés.

La caída de Namur revela lo profundo de la crisis. Su designación, tras la salida forzada de Bouvier, debía marcar una nueva etapa en el SPC, un intento de limpiar la institución tras el escándalo. Sin embargo, su detención a menos de un año de haber asumido demuestra que los problemas no solo continúan, sino que son estructurales. Las mismas personas que deberían estar liderando una reforma desde dentro parecen estar involucradas en las mismas prácticas que llevaron al derrumbe de sus antecesores.

Otra figura clave en este entramado es Marcelo Chávez, quien hasta el momento de su detención se dirigió al Tribunal de Conducta Penitenciaria, la instancia encargada de supervisar el comportamiento de los agentes penitenciarios. Este dato añade una nueva capa de cinismo al asunto: el propio jefe del tribunal encargado de vigilar las conductas irregulares está ahora acusado de ser parte de las mismas prácticas corruptas que deben combatir.

La situación de José Gustavo Heredia y Ramón Sayavedra, aunque retirados al momento de sus detenciones, no es menos grave. Heredia fue jefe de Seguridad en Bouwer, una cárcel que se ha convertido en un símbolo del abuso de poder, la corrupción y las irregularidades sistemáticas. El hecho de que, incluso tras su retiro, sigan apareciendo vínculos entre estos exfuncionarios y los delitos investigados refuerza la percepción de que el sistema carcelario en Córdoba está podrido hasta la raíz.

La cuestión de fondo aquí no son solo los arrestos individuales, sino el patrón que se repite. Las detenciones de altos funcionarios no son un hecho aislado, sino parte de una red más amplia de corrupción en el sistema penitenciario y policial cordobés, que ha visto a varios de sus jefes caer en los últimos meses. La crisis no parece tener fin, y la confianza en las instituciones sigue desmoronándose.

Es crucial cuestionar qué tipo de control existe sobre quienes deben garantizar la seguridad y el orden en las cárceles. ¿Cómo es posible que personas vinculadas a hechos delictivos hayan llegado a ocupar cargos de tanto poder? Las detenciones recientes exponen una realidad que las autoridades parecen no querer admitir: la corrupción en el sistema penitenciario de Córdoba no es un hecho aislado, sino un cáncer que ha corroído a la institución durante años, y que amenaza con seguir extendiéndose si no se toman. medidas profundas y estructurales.

El gobierno de Córdoba, encabezado por Martín Llaryora, no puede seguir ignorando esta realidad. La respuesta no puede limitarse a una serie de detenciones esporádicas que, aunque necesarias, no son suficientes para cambiar la cultura de impunidad que reina en las fuerzas de seguridad. La provincia necesita una reforma seria, no solo en el Servicio Penitenciario, sino en todo el sistema de seguridad y justicia. Sin una depuración real de sus filas y un control efectivo sobre quienes manejan el poder, los escándalos seguirán siendo la norma, y ​​los ciudadanos seguirán siendo las verdaderas víctimas de un sistema que, lejos de protegerlos, parece funcionar únicamente en beneficio de unos pocos.