La reciente petición de la Agrupación Radical Mario Abel Amaya para que el Tribunal de Conducta de la Unión Cívica Radical (UCR) sancione al diputado Luis Picat ha desatado un nuevo capítulo en la tensa interna del radicalismo cordobés. La agrupación, que representa a los trabajadores radicales de la Municipalidad de Córdoba, acusa a Picat de haber traicionado los principios fundamentales del partido al votar a favor del veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Este hecho, que no solo fue interpretado como un gesto de inconsistencia política, sino como un ataque directo a los derechos de los jubilados, ha generado una tormenta interna dentro del partido.

El reclamo de la Agrupación Mario Abel Amaya

La agrupación de trabajadores municipales no dudó en señalar el accionar de Picat como un acto de «traición». En su presentación ante el Tribunal de Conducta Partidario, denunció que el diputado atentó directamente contra los principios de solidaridad y justicia que han sido el estándar histórico del radicalismo. El voto de Picat, aseguran, «no es un mero acto político», sino una manifestación de apoyo a políticas que agravan la situación de miles de jubilados nacionales, uno de los sectores más vulnerables y desprotegidos de la sociedad argentina.

El punto central del reclamo es la «falta de disciplina partidaria». La Agrupación sostiene que Picat actuó de manera incompatible con los ideales que definen al radicalismo. Al contradecir la postura oficial del partido y votar a favor del veto, afirman, el diputado no solo traicionó a sus votantes, sino que dilapidó la confianza depositada en él por el partido.

¿Independencia o traición?

Si bien la crítica de la Agrupación se enfoca en la «falta de lealtad» de Picat, es necesario reflexionar sobre el trasfondo político de su voto. El diputado, al cambiar su posición, no solo se desmarcó de la UCR, sino que también tomó una postura alineada con la corriente política de Javier Milei, lo que evidencia un posible intento de coquetear con nuevas alianzas de cara al futuro. En este contexto, la pregunta que surge es si el accionar de Picat responde a una «traición» oa un ejercicio de independencia política que, aunque controvertido, podría interpretarse como un intento de renovación dentro del partido.

La acusación de la Agrupación Mario Abel Amaya, que reclama sanciones que van desde la inhabilitación para ocupar cargos hasta la expulsión definitiva del partido, refleja la gravedad con la que un sector del radicalismo interpreta este cambio de postura. Sin embargo, también revela una lucha interna por el control del discurso partidario y por el futuro del radicalismo en un contexto político cada vez más fragmentado.

El papel del Tribunal de Conducta

El Tribunal de Conducta de la UCR se enfrenta a una encrucijada. De un lado, tiene la responsabilidad de defender los valores históricos del partido, como el compromiso con los sectores más desprotegidos. Del otro, debe lidiar con un contexto político en constante cambio, donde la disciplina partidaria es cuestionada por las dinámicas de poder que surgen en torno a figuras emergentes como Milei, cuyas políticas de ajuste y recortes contrastan con los ideales tradicionales del radicalismo.

La petición de sanción contra Picat, basada en el artículo 59 inciso h) de la Carta Orgánica del partido, representa un precedente en la interna radical. Si el Tribunal opta por sancionar al diputado, el mensaje sería claro: la UCR no tolerará deslealtades, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles como los derechos de los jubilados. Sin embargo, la expulsión de Picat también podría agudizar las divisiones dentro del partido y acelerar un proceso de realineamiento ideológico en sectores que se inclinan hacia nuevas alianzas políticas.

Una crisis de identidad

El voto de Picat y la respuesta de la Agrupación Mario Abel Amaya no solo revelan una crisis de liderazgo dentro del radicalismo, sino también una crisis de identidad. En un contexto de creciente incertidumbre económica y social, las posturas políticas están siendo reconfiguradas a un ritmo acelerado. Los principios de solidaridad, justicia y compromiso con los más vulnerables que históricamente han definido al radicalismo parecen estar en riesgo frente a las nuevas corrientes de pensamiento que privilegian la austeridad y la reducción del Estado.

La pregunta que queda en el aire es si la UCR logrará mantener su coherencia interna y su lealtad a los sectores más necesitados, o si, como temen los trabajadores radicales, figuras como Luis Picat se convertirán en el reflejo de un partido que abandona sus principios en favor de alianzas con sectores más conservadores.

Conclusión

La sanción a Picat no será simplemente una cuestión de disciplina partidaria, sino un acto simbólico sobre el futuro de la UCR. Si el Tribunal de Conducta decide no sancionar al diputado, podría interpretarse como un aval a la deriva hacia políticas que no representan los ideales tradicionales del radicalismo. Si, por el contrario, el castigo es severo, será una señal de que el partido sigue comprometido con sus principios históricos, aunque esto implica un riesgo de fragmentación interna.

En cualquier caso, el voto de Picat ha abierto una grieta que difícilmente se cerrará pronto, y la decisión del Tribunal será un punto de inflexión en la historia reciente de la UCR.