El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, ha lanzado una advertencia clara y contundente al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en la antesala de una elección clave para la administración de fondos públicos. Ferrer, a punto de asumir como titular de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia, instó a Llaryora a evitar que el Consejo Federal de Inversiones (CFI) continúe bajo la influencia de La Cámpora, la agrupación kirchnerista que hoy controla el organismo a través de Ignacio Lamothe, un hombre cercano a Wado de Pedro.

Este llamado de atención por parte de Ferrer no es un simple reclamo, sino una crítica profunda a la manera en que se ha manejado la obra pública en el país y un cuestionamiento al rol que Córdoba debería asumir en este contexto. Según Ferrer, el gobernador Llaryora, actualmente de viaje en Estados Unidos, debería haber dejado instrucciones claras para que Córdoba vote en contra de la continuidad de Lamothe y en favor del candidato propuesto por los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC).

La importancia de esta elección radica en que el CFI es el encargado de administrar un presupuesto millonario destinado a obras públicas en las provincias, un recurso clave en la disputa política y territorial. El hecho de que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, haya llamado a elecciones con anticipación para renovar las autoridades del CFI, despierta sospechas sobre una maniobra para asegurar la continuidad del control kirchnerista en el organismo.

Ferrer, al igual que otros mandatarios de JxC, ve en esta elección una oportunidad para recuperar el CFI y dirigir su gestión hacia un verdadero federalismo, donde las provincias tengan un rol más activo y menos subordinado al poder central. La referencia de Ferrer a La Cámpora no es casual; señala una percepción extendida en ciertos sectores de la política de que esta organización ha acumulado un poder desmedido, utilizando organismos como el CFI para su propio beneficio y en detrimento de un federalismo auténtico.

La convocatoria de Insfrán ha dejado en claro que la batalla por el control del CFI no será fácil. Los nombres que circulan como posibles contendientes de Lamothe reflejan la diversidad de intereses en juego: desde Sebastián García de Luca, apoyado por JxC, hasta el exministro porteño Bruno Screnci, cercano a Llaryora. La elección de estas autoridades tendrá un impacto directo en la dirección que tome la inversión pública en los próximos años.

Sin embargo, la pregunta de fondo que plantea Ferrer es si Llaryora está dispuesto a alinear a Córdoba con un proyecto federalista o si, por el contrario, permitirá que la provincia siga siendo un engranaje más en la maquinaria política del kirchnerismo. Esta elección es una prueba de fuego para el gobernador, que deberá decidir entre la comodidad de mantener el status quo o el riesgo de enfrentarse a la estructura de poder dominante.

La crítica de Ferrer trasciende lo inmediato y pone en tela de juicio la capacidad de los líderes provinciales para defender los intereses de sus ciudadanos frente a un poder central que, según él, ha demostrado una y otra vez su disposición a utilizar cualquier medio para mantener el control. La elección en el CFI, entonces, no es solo una cuestión administrativa, sino un símbolo de la lucha por el poder y la autonomía en un país donde el federalismo real sigue siendo una promesa incumplida.