La reciente sesión en la Unicameral dejó expuesta la profunda crisis de seguridad en Córdoba y el intento desesperado del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, por justificar lo injustificable. En un discurso que busca apelar a lo emocional, Quinteros relató una conversación con su hijo que desnudó, más que sus sentimientos personales, la desilusión de una generación que ya no confía en la política. Pero mientras él asegura que se «jugará la vida» en este cargo, las calles de Córdoba son testigos del colapso de un sistema de seguridad que parece estar fuera de control.

El detonante de este áspero debate no es menor: la detención del subjefe de la Policía, Alejandro Mercado, acusado de encubrimiento en una causa de corrupción. La noticia sacudió el escenario político provincial, y no es para menos. Las demandas opositoras fueron contundentes: la intervención de la Policía, la renuncia de las cúpulas de seguridad, y la extensión de las facultades anticorrupción a todas las fiscalías ordinarias. Sin embargo, el gobierno parece más preocupado por las «operaciones» y las «lapidaciones» a las que se enfrenta Quinteros que por resolver de fondo los problemas de corrupción que corroen a las fuerzas de seguridad.

El radicalismo, a través de voces como la de Alejandra Ferrero, no dudó en afirmar que «en los barrios escasea la Policía provincial» y que el gobierno ha «abandonado a los vecinos». Es una realidad palpable para quienes viven en las zonas más vulnerables de la provincia, donde la inseguridad no es solo una estadística, sino una angustia cotidiana. El exintendente Carlos Briner fue aún más directo al señalar que las cúpulas policiales están «severamente corrompidas» y que el gobernador debe asumir la responsabilidad de esta debacle.

Lo que resulta alarmante es la falta de control de mando que se ha instalado en el seno de la Policía de Córdoba. La oposición, en su cruzada, no deja pasar por alto este detalle. El vecinalista Rodrigo Agrelo sostuvo que hace tiempo que el gobierno ya no maneja a la Policía, un señalamiento que encuentra eco en la opinión pública. Casos como el de Mercado son apenas la punta del iceberg, y lo que subyace es un entramado de decisiones políticas que han favorecido el ascenso de funcionarios corruptos en el seno de la fuerza. La pregunta de Agrelo —»¿Quién le hace el casting a esta gente para luego traicionar la confianza pública?»— resuena como un dardo certero al corazón del oficialismo.

En este marco, la respuesta del gobierno no solo es insuficiente, sino también peligrosa. Miguel Siciliano, jefe de la bancada del PJ, se limitó a devolver las críticas con acusaciones de «politiquería». Para él, la oposición está más interesada en «voltear a un ministro» que en mejorar la seguridad. Sin embargo, esta estrategia de victimización no convence. ¿De qué sirve jactarse de que en Córdoba «el que las hace, las paga» si las cúpulas policiales siguen en pie pese a los escándalos de corrupción?

El oficialismo rechazó los cuatro proyectos presentados por la oposición, archivándolos como si fueran irrelevantes. Pero lo que queda claro es que la política de seguridad del PJ, lejos de haber mejorado, está cada vez más expuesta al fracaso. Las promesas de Quinteros y de Llaryora se desmoronan ante una realidad en la que la Policía, en lugar de proteger a los ciudadanos, parece estar más preocupada por protegerse a sí misma. Mientras tanto, los cordobeses siguen esperando soluciones reales, no discursos vacíos ni juegos de poder.

Es momento de que el gobierno tome decisiones firmes. La corrupción no se combate con palabras, y la inseguridad no se resuelve apelando a la emotividad. Si Quinteros realmente cree que se va a «jugar la vida» en esto, quizás lo primero que debería hacer es admitir que el sistema de seguridad que hoy defiende está roto, y que los cambios no se notan porque, en el fondo, no han sucedido.