En un clima de creciente descontento social, la legisladora Alejandra Ferrero, perteneciente al bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), ha presentado un proyecto en la Legislatura de Córdoba que solicita la renuncia inmediata del Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, así como de toda la cúpula policial de la provincia. Esta medida surge como respuesta a los recientes y graves escándalos de corrupción que han sacudido a las fuerzas de seguridad cordobesas, comprometiendo severamente su capacidad para implementar políticas públicas efectivas en materia de seguridad.

El detonante de esta solicitud ha sido la detención del comisario general Alejandro Mercado, acusado de encubrimiento agravado en calidad de funcionario público, junto con otros dos comisarios involucrados en el mismo caso. Este episodio, que ha desatado una ola de indignación, no es un hecho aislado, sino parte de una serie de escándalos que han erosionado profundamente la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad provinciales.

En su contundente discurso, Ferrero subrayó la magnitud de la crisis: «Es inaceptable que quienes deberían garantizar nuestra seguridad estén inmersos en una matriz de corrupción que parece no tener fin, poniendo en riesgo la integridad de todos en un Gobierno que hace 25 años es cómplice». La legisladora expresó su preocupación por la sensación de desprotección que se ha instalado en la sociedad cordobesa, la cual, según ella, se siente cada vez más insegura ante la falta de respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades.

La UCR, con esta solicitud, pone de manifiesto la necesidad de una renovación urgente en los altos mandos de la seguridad provincial, argumentando que la permanencia de Quinteros y de la cúpula policial en sus funciones resulta insostenible en el actual contexto. «Ante esta situación, es ineludible la renuncia de quienes no han estado a la altura de las circunstancias», concluyó Ferrero, marcando un fuerte posicionamiento político en un tema que ha encendido la opinión pública.

Este pedido formal de renuncia se produce en un momento de tensión y crisis institucional en Córdoba, donde la administración actual se enfrenta a cuestionamientos no solo sobre su manejo de la seguridad, sino también sobre la transparencia y ética en la gestión pública. La respuesta del Gobernador ante este pedido, así como las acciones que decida emprender, serán determinantes para el futuro político y social de la provincia.