En un contexto marcado por crecientes cuestionamientos a la integridad de ciertos funcionarios públicos en Córdoba, el legislador Miguel Nicolás, miembro del Bloque de la UCR, ha solicitado a la presidenta de la Legislatura, Myrian Prunotto, el tratamiento urgente de dos proyectos de Ley que buscan instaurar la llamada «Ficha Limpia». Estos proyectos, identificados como 39458/L/24 y 39624/L/24, tienen como objetivo establecer criterios estrictos para aquellos que deseen ser candidatos o ejercer funciones de liderazgo social, garantizando que no hayan sido investigados, procesados o condenados por delitos contra la administración pública.

Contexto y Fundamentación

Nicolás fundamenta su pedido en la necesidad de frenar una preocupante tendencia en la política provincial, donde, según su perspectiva, la excepción se ha transformado en regla: «Numerosos funcionarios condenados, otros imputados y algunos detenidos por causas que van desde robo, violencia de género, abuso de autoridad y hasta homicidio, son noticias en la provincia», señaló el legislador.

En su exposición, Nicolás criticó duramente la actitud del gobierno provincial, liderado por el gobernador Martín Llaryora, acusándolo de mantener un discurso oficial que intenta justificar la situación con la frase «el funcionario que delinque está preso». Según Nicolás, esta afirmación pretende demostrar que la Justicia funciona en Córdoba, pero solo actúa en casos de flagrancia o cuando los delitos se hacen públicos, lo que, en su opinión, no es suficiente para garantizar una administración pública libre de corrupción y abuso de poder.

Objetivo de los Proyectos

Los proyectos de ley propuestos por el legislador buscan implementar un mecanismo preventivo que obligue a cualquier persona que aspire a ocupar un cargo público o a administrar fondos del Estado a demostrar su idoneidad y transparencia antes de ser elegible. La «Ficha Limpia» implicaría que aquellos con antecedentes de investigaciones, procesos judiciales o condenas por delitos relacionados con la administración pública quedaran inhabilitados para postularse o asumir tales responsabilidades.

La iniciativa de Nicolás refleja una preocupación creciente por la transparencia y la integridad en la gestión pública, en un momento en que la confianza en las instituciones está siendo seriamente cuestionada por diversos escándalos. Además, subraya la importancia de la responsabilidad agravada que debería caracterizar a todo funcionario público, un principio fundamental en un sistema republicano que, según el legislador, está siendo vulnerado en la provincia.

Conclusión

El pedido de Nicolás pone sobre la mesa un debate crucial sobre la ética y la transparencia en la política cordobesa. La urgencia solicitada para el tratamiento de estos proyectos refleja la gravedad con la que se perciben las falencias actuales en la administración pública. Resta ahora ver cómo responderá la Legislatura Provincial ante esta propuesta y si el bloque oficialista estará dispuesto a avanzar en una normativa que podría cambiar significativamente el panorama político en Córdoba.

A continuación el Expediente: