
23 de agosto de 2024, me encuentro en el Complejo Carcelario N.º 1 «Reverendo Francisco Luchesse», en Bouwer, Córdoba, donde lo que debería ser un día de visita familiar se ha convertido en una verdadera odisea para quienes vienen a ver a sus seres queridos. La situación es indignante y, lo que es peor, parece ser parte de una rutina cada vez más común: el maltrato sistemático a los visitantes, quienes muchas veces son tratados con menos dignidad que los mismos detenidos.
Llegué al pabellón, donde hoy estaba programada la visita, y lo primero que noté fue la demora. Una espera interminable que no es un hecho aislado, sino una constante. Las horas se acumulan, y lo que debería ser un trámite relativamente sencillo, se convierte en una prueba de resistencia. Hoy, en particular, la espera superó las cuatro horas, y lo que es peor, ni siquiera hubo una justificación clara para ello.
En medio de esta espera insoportable, se nos informó que la Dirección General de Inteligencia o Investigaciones había decidido realizar una requisa en el pabellón. Este acto, que podría haberse llevado a cabo en cualquier otro momento, fue realizado justo cuando los familiares estaban a punto de ingresar. Dos funcionarios del Ministerio Público fueron enviados a sacar fotos, una acción que, en apariencia, buscaba encontrar algún tipo de irregularidad. Sin embargo, la percepción general entre los visitantes fue que se trató de una maniobra para obstaculizar aún más el proceso de ingreso.
Lo más preocupante de esta situación es la evidente falta de responsabilidad y sentido común por parte de las autoridades. Durante la requisa, no solo se revisaron las pertenencias de los internos, sino que también se confiscaron cantidades de dinero que, en un contexto carcelario como el de Bouwer, resultan fundamentales para la subsistencia. Se llevaron dinero de los internos simplemente por contar con más de 10 mil pesos, una suma que, en realidad, apenas alcanza para comprar dos gaseosas en la cantina de la cárcel. Es un acto de provocación, una muestra más de que las autoridades desconocen, o prefieren ignorar, la realidad que se vive dentro de estas paredes.

La cárcel de Bouwer es un microcosmos de la injusticia, donde los derechos de los detenidos y sus familias son constantemente violados. La superpoblación, la escasez de alimentos y la falta de atención médica son solo algunas de las problemáticas que se enfrentan a diario. Pero, en días como hoy, lo que más duele es la impotencia, la sensación de que la cuerda se sigue tensando, que las provocaciones continúan, y que nadie parece dispuesto a frenar esta espiral de maltrato.
La pregunta que resuena es hasta cuándo seguirán tirando de la cuerda. ¿Cuánto más puede soportar una población carcelaria ya de por sí vulnerable? La justicia cordobesa, con su ceguera e indiferencia, sigue demostrando que está completamente desconectada de la realidad de lo que ocurre en estas cárceles. Y mientras tanto, los familiares, aquellos que vienen solo a brindar un poco de consuelo a sus seres queridos, siguen siendo tratados peor que delincuentes.
Hoy, la realidad de Bouwer nos recuerda que, para muchos, la justicia no es más que un espejismo, un sueño lejano que se desvanece cada vez que cruzan esos muros.
