En Córdoba, las jubilaciones están congeladas y nuestros jubilados viven en la pobreza. Durante la pandemia, entre gallos y media noche, el gobierno provincial redujo el cálculo jubilatorio al 67% del sueldo bruto y extendió el periodo de cálculo de haberes de 4 a 10 años. Esta medida, implementada de manera apresurada y sin el debido debate, ha generado un impacto negativo en la calidad de vida de nuestros jubilados.
La situación empeoró cuando, además de esta reducción, los aumentos en las jubilaciones comenzaron a pagarse con dos meses de retraso. Esta demora ha dejado a muchos jubilados en una situación de vulnerabilidad extrema, obligándolos a enfrentar la creciente inflación con ingresos insuficientes.
Desde el año 2020, el artículo 58 ha añadido una carga adicional: si un jubilado recibe también una pensión, el estado provincial confisca el 20% de uno de los haberes. Esta medida es percibida como una injusticia, considerando los años de aportes realizados con la expectativa de una jubilación digna.
En medio de esta crisis, el haber mínimo, congelado desde enero, finalmente fue incrementado, pero solo en un 40%, en un contexto donde la inflación ya supera el 80%. Este aumento es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los jubilados, quienes ven su poder adquisitivo disminuido mes a mes.
El manejo de la situación por parte del gobierno provincial ha sido criticado por su falta de transparencia y diálogo. Las decisiones se toman por decreto, sin abrir espacios de debate ni escuchar las preocupaciones de los ciudadanos. Este estilo de gobernanza, comparado por algunos con el chavismo, ha generado descontento y frustración en la población.
Señor Gobernador, es urgente abrir el diálogo y debatir los temas que afectan a los cordobeses. Los jubilados de Córdoba merecen una solución justa y sostenible que les permita vivir con dignidad después de tantos años de trabajo y esfuerzo.
Diario Mystica Cba 